Por: Andrés Cañizalez
En julio del año pasado me enzarcé en una amable pero franca discusión con una corresponsal extranjera acreditada en Venezuela, quien tenía una visión un tanto cándida de la realidad nacional. Por aquellos días crecía el montaje judicial sobre Guillermo Zuloaga y desde mi punto de vista, tales acciones debían verse a la luz del cerco que –paulatinamente- va imponiendo el gobierno de Hugo Chávez en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
No podía desligarse el hecho de que este empresario es el accionista principal de Globovisión, y que este canal se distingue por su línea editorial crítica contra el régimen, en un ecosistema mediático cada vez más plegado a la voluntad oficial. No estaba al tanto de los asuntos impositivos y aduaneros de Guillermo Zuloaga, pero me llamaba poderosamente la atención de que las autoridades sólo actuaran sobre su empresa, dedicada a la importación y venta de vehículos.
Le decía a esta corresponsal, que debía ver el contexto, ver si otros empresarios dedicados a la venta e importación de vehículos habían sufrido allanamientos, o si luego de que se actuara sobre Zuloaga se le daba continuidad a una suerte de cacería a la especulación en el campo automotriz. No pasó ni lo uno, ni lo otro.
En realidad presenciamos un desproporcionado montaje policial-judicial que básicamente quería decirle al resto del país: no hay intocables, si queremos fastidiar a alguien tenemos cómo hacerlo. Ya ni siquiera era relevante la responsabilidad o no del empresario, éste quedó atrapado en la telaraña judicial de Venezuela.
Le decía a esta corresponsal que en nuestro país la sola apertura de un juicio, con la imposición de medidas como la presentación recurrente a tribunales, la prohibición de salida del país, etcétera, es en sí mismo un castigo, no hace falta estar condenado. Este caso de Guillermo Zuloaga evidenció, una vez más, como la justicia viene operando al servicio de los deseos políticos del gobierno.
Una de las mentes más perversas ligadas al gobierno le tendió una trampa a Zuloaga y los accionistas de Globovisión. Perseguidos personal y empresarialmente en los últimos meses de forma tenaz, se convirtieron en objeto de observación pública: ¿cambiará el canal su línea editorial motivado por las presiones de todo tipo? Así, lo que el empresario sostiene fue una diferencia personal con Alberto Federico Ravell, termina por minar la credibilidad del medio. La justicia, que opera motivada por estrategias políticas, puso la guinda: a menos de 24 horas de que Ravell dijera que fue renunciado, un juez le permitía a Zuloaga y su hijo salir del país.
En julio del año pasado me enzarcé en una amable pero franca discusión con una corresponsal extranjera acreditada en Venezuela, quien tenía una visión un tanto cándida de la realidad nacional. Por aquellos días crecía el montaje judicial sobre Guillermo Zuloaga y desde mi punto de vista, tales acciones debían verse a la luz del cerco que –paulatinamente- va imponiendo el gobierno de Hugo Chávez en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
No podía desligarse el hecho de que este empresario es el accionista principal de Globovisión, y que este canal se distingue por su línea editorial crítica contra el régimen, en un ecosistema mediático cada vez más plegado a la voluntad oficial. No estaba al tanto de los asuntos impositivos y aduaneros de Guillermo Zuloaga, pero me llamaba poderosamente la atención de que las autoridades sólo actuaran sobre su empresa, dedicada a la importación y venta de vehículos.
Le decía a esta corresponsal, que debía ver el contexto, ver si otros empresarios dedicados a la venta e importación de vehículos habían sufrido allanamientos, o si luego de que se actuara sobre Zuloaga se le daba continuidad a una suerte de cacería a la especulación en el campo automotriz. No pasó ni lo uno, ni lo otro.
En realidad presenciamos un desproporcionado montaje policial-judicial que básicamente quería decirle al resto del país: no hay intocables, si queremos fastidiar a alguien tenemos cómo hacerlo. Ya ni siquiera era relevante la responsabilidad o no del empresario, éste quedó atrapado en la telaraña judicial de Venezuela.
Le decía a esta corresponsal que en nuestro país la sola apertura de un juicio, con la imposición de medidas como la presentación recurrente a tribunales, la prohibición de salida del país, etcétera, es en sí mismo un castigo, no hace falta estar condenado. Este caso de Guillermo Zuloaga evidenció, una vez más, como la justicia viene operando al servicio de los deseos políticos del gobierno.
Una de las mentes más perversas ligadas al gobierno le tendió una trampa a Zuloaga y los accionistas de Globovisión. Perseguidos personal y empresarialmente en los últimos meses de forma tenaz, se convirtieron en objeto de observación pública: ¿cambiará el canal su línea editorial motivado por las presiones de todo tipo? Así, lo que el empresario sostiene fue una diferencia personal con Alberto Federico Ravell, termina por minar la credibilidad del medio. La justicia, que opera motivada por estrategias políticas, puso la guinda: a menos de 24 horas de que Ravell dijera que fue renunciado, un juez le permitía a Zuloaga y su hijo salir del país.
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