Por: Juan Pablo Arocha / Ingrid Rojas R.
El Mundo Economía y Negocios hace un análisis exhaustivo de las concesiones de radio y televisión en Venezuela, revelando el estatus de este sector y las posibles consecuencias de las medidas regulatorias que se aproximanLa no renovación de la concesión de Rctv marcó la pauta. Precisamente, el día que venció el título de la televisora -27 de mayo de 2007- llegaba a su fin un lote de concesiones de otras estaciones de TV y de un lote de emisoras de radio AM.
Se trataba de las beneficiarias del decreto del expresidente Jaime Lusinchi que prolongó la vigencia de títulos por 20 años a partir del mayo de 1987.
Hasta entonces las concesiones duraban 12 años por decisión del Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahora sólo cinco años.
Por esos días la gestión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), encabezada por el hoy ministro Jesse Chacón, titular del extinto despacho de Telecomunicaciones en ese momento, se vio desbordada. Solicitudes de renovación iban y venían y la respuesta del regulador demoraba para preocupación de operadores angustiados por entrar e ejercicio ilegal.
No pasaron días, transcurrieron meses y la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión reclamaba respuestas a Conatel por la demora.
Desde el organismo, Chacón se quejaba porque la “maraña legal”, especialmente en el caso de los circuitos, impedía esclarecer la titularidad de las concesiones.
Elda Rodríguez, directora general de la Comisión desde enero de 2008, en una de sus pocas apariciones públicas, aseguraba que muchas solicitudes no tenían soporte y se quejaba porque muchas estaciones no se habían presentado a ponerse al día con sus situación legal.
De acuerdo a datos del regulador, de 89 emisoras vencidas en Amplitud Modulada(AM) y 72 solicitudes de renovación, a la fecha se han aprobado 66, mientras que en Frecuencia Modulada o FM (los títulos comenzaron a vencer en 2008) de 74 estaciones y 29 solicitudes, sólo una ha sido autorizada.
El cuadro se completó con el retorno de Diosdado Cabello al ente regulador.
El ministro de Obras Públicas y Vivienda, al cual fue adscrito Conatel tras la desaparición del despacho para las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales, volvió para poner fin a lo que ha llamado el “latifundio mediático”.
“Nos hemos encontrado con concesionarios que no han cumplido con la legalidad, razón por la cual nos hemos visto en la necesidad de pedir los documentos sobre la concesión entregada”.
En mayo, Cabello anunciaba la realización de un censo de operadores, que culminó el pasado 23 de junio.
A partir de los resultados, dados a conocer el pasado 3 de julio, se encendieron las alarmas, pues se anunció la revocatoria de 285 estaciones de radio AM, FM y televisoras VHF y UHF.
Al mismo tiempo, se anunció la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios al lote de medios y la publicación de una lista. Y a la fecha ni se ha informado a los afectados, ni se ha publicado la lista, lo que coloca en un limbo el lote de concesiones, incluidas las 240 de radio.
En el caso de las FM en manos de privados, 33% de un total de 154 estaría en esta condición, mientras que en AM 47% de las 98 establecidas.
Elda Rodríguez, directora general de la Comisión desde enero de 2008, en una de sus pocas apariciones públicas, aseguraba que muchas solicitudes no tenían soporte y se quejaba porque muchas estaciones no se habían presentado a ponerse al día con sus situación legal.
De acuerdo a datos del regulador, de 89 emisoras vencidas en Amplitud Modulada(AM) y 72 solicitudes de renovación, a la fecha se han aprobado 66, mientras que en Frecuencia Modulada o FM (los títulos comenzaron a vencer en 2008) de 74 estaciones y 29 solicitudes, sólo una ha sido autorizada.
El cuadro se completó con el retorno de Diosdado Cabello al ente regulador.
El ministro de Obras Públicas y Vivienda, al cual fue adscrito Conatel tras la desaparición del despacho para las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales, volvió para poner fin a lo que ha llamado el “latifundio mediático”.
“Nos hemos encontrado con concesionarios que no han cumplido con la legalidad, razón por la cual nos hemos visto en la necesidad de pedir los documentos sobre la concesión entregada”.
En mayo, Cabello anunciaba la realización de un censo de operadores, que culminó el pasado 23 de junio.
A partir de los resultados, dados a conocer el pasado 3 de julio, se encendieron las alarmas, pues se anunció la revocatoria de 285 estaciones de radio AM, FM y televisoras VHF y UHF.
Al mismo tiempo, se anunció la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios al lote de medios y la publicación de una lista. Y a la fecha ni se ha informado a los afectados, ni se ha publicado la lista, lo que coloca en un limbo el lote de concesiones, incluidas las 240 de radio.
En el caso de las FM en manos de privados, 33% de un total de 154 estaría en esta condición, mientras que en AM 47% de las 98 establecidas.
Por lo legal
El artículo 166 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que los concesionarios que se abstengan o nieguen a entregar documentos requeridos por el ente regulador, sólo serán sancionados con multa de hasta 50.000 unidades tributarias.
Luis Vargas Leal, ex consultor jurídico de Conatel, afirmar que “es imposible revocar estas concesiones, bajo la premisa que manifestó Cabello”.
Vargas trabajó en ese organismo hasta septiembre de 2003, justo durante el tiempo en que Jesse Chacón ocupó la dirección general del despacho y Diosdado Cabello estuvo al frente del Ministerio de Infraestructura.
“Ninguno de los 10 supuestos de hecho que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para revocar la concesión (artículo 171) están relacionados con lo que se argumenta ahora”, explica.
La multa, en todo caso, calcula que podría alcanzar actualmente hasta Bs.F. 2.750.000.
El abogado estima que Cabello comete un error al protestar la inasistenciadelosradiodifusores,pues dice que es Conatel quien desde el año2000incumpleconsucompromiso de homologar los títulos de propiedad de las concesiones.
Esta deuda se habría producido tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde se debía adecuar los viejos permisos al nuevo sistema de organización del espectro radioeléctrico.
El artículo 166 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que los concesionarios que se abstengan o nieguen a entregar documentos requeridos por el ente regulador, sólo serán sancionados con multa de hasta 50.000 unidades tributarias.
Luis Vargas Leal, ex consultor jurídico de Conatel, afirmar que “es imposible revocar estas concesiones, bajo la premisa que manifestó Cabello”.
Vargas trabajó en ese organismo hasta septiembre de 2003, justo durante el tiempo en que Jesse Chacón ocupó la dirección general del despacho y Diosdado Cabello estuvo al frente del Ministerio de Infraestructura.
“Ninguno de los 10 supuestos de hecho que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para revocar la concesión (artículo 171) están relacionados con lo que se argumenta ahora”, explica.
La multa, en todo caso, calcula que podría alcanzar actualmente hasta Bs.F. 2.750.000.
El abogado estima que Cabello comete un error al protestar la inasistenciadelosradiodifusores,pues dice que es Conatel quien desde el año2000incumpleconsucompromiso de homologar los títulos de propiedad de las concesiones.
Esta deuda se habría producido tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde se debía adecuar los viejos permisos al nuevo sistema de organización del espectro radioeléctrico.
Entre los cambios que debían realizarse está la actualización del titular de la concesión, que en algunos casos ha sido heredado de padres a hijos, para lo que se exigía la autorización directa de Conatel.
“El organismo nunca se pronunció y las operadoras están en un limbo”, dice Vargas Leal, puesto que recuerda que el traspaso era perfectamente legal, según el viejo Reglamento Sobre la Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
En la normativa anterior, las concesiones eran consideradas un bien que, como un apartamento, gozaba el beneficio de “derecho traslativo de propiedad”, explica Vargas Leal. Lo que sí no era posible modificar eran las condiciones de uso del espectro.
Además, el artículo 210 de la actual Ley de Telecomunicaciones establece que “mientras ocurre la señalada adecuación, todos los derechosyobligacionesadquiridosal amparo de la anterior legislación, permanecerán en pleno vigor”.
Sin embargo, el mayor riesgo que observa Vargas Leal es que los radiodifusores sean sacados del juego mediático, dado que la posible revocatoria los inhabilitaría como empresarios de este sector económico por cinco años.
Esta disposición está contemplada en el artículo 172 de la Ley de Telecomunicaciones, en la que incluso se prohíbe una posible asociación con terceros.
Preocupación
“No estamos dispuestos a defender lo indefendible, pero sí nuestros derechos”, expresó Alegra Higuera, presidenta de la Cámara de Radio Capítulo Zulia.
Bajo la premisa de dialogar y ser escuchados en la Asamblea Nacional, asegura que se desconoce no sólo el nombre de las emisoras sino las razones del anunciado cierre.
“La situación es sumamente preocupante”, dijo.
En el estado Zulia la Cámara de radio agrupa a 44 estaciones y de éstas, unas 13 -las que se encuentran afiliadas a circuitos-, serían las afectadas, según información llegada al estado.
Según Higuera, la medida afectaría 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, entre de productores nacionales independientes, locutores asociados, periodistas, empresas comercializadoras y agencias de publicidad, entre otros.
En la misma onda, Elizabeth Safar, exdirectora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se pregunta qué va a pasar con los empleados de estas estaciones y se pregunta quién se queda con la torta publicitaria.
Higuera no se opone a la democratización del espectro radioeléctrico, pero cuestiona que Conatel no ataque la operación de estaciones que se constituyen de manera ilegal. Sólo en Zulia hay más de 100 estaciones “piratas”.
Y aunque la presidenta de la Cámara de Radio capítulo Zulia reconoce que los títulos no se heredan, asegura que las leyes le dan el derecho de preferencia a los familiares de los fundadores de estaciones radiales en el país.
Néstor Borjas, presidente de Fedecámaras en esa entidad, teme que con las estaciones de radio pase como con las contratistas petroleras y con las almacenadoras portuarias.
Safar, quien cuestiona que en el año 2000 los ministros Chacón y Cabello hayan impulsado la Lotel con las transnacionales en el antiguo Congresillo, pregunta de frente ¿quién se va a quedar con las estaciones? Sin duda, la respuesta la tiene Cabello, a quien fue imposible contactar para este reportaje.
“El organismo nunca se pronunció y las operadoras están en un limbo”, dice Vargas Leal, puesto que recuerda que el traspaso era perfectamente legal, según el viejo Reglamento Sobre la Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
En la normativa anterior, las concesiones eran consideradas un bien que, como un apartamento, gozaba el beneficio de “derecho traslativo de propiedad”, explica Vargas Leal. Lo que sí no era posible modificar eran las condiciones de uso del espectro.
Además, el artículo 210 de la actual Ley de Telecomunicaciones establece que “mientras ocurre la señalada adecuación, todos los derechosyobligacionesadquiridosal amparo de la anterior legislación, permanecerán en pleno vigor”.
Sin embargo, el mayor riesgo que observa Vargas Leal es que los radiodifusores sean sacados del juego mediático, dado que la posible revocatoria los inhabilitaría como empresarios de este sector económico por cinco años.
Esta disposición está contemplada en el artículo 172 de la Ley de Telecomunicaciones, en la que incluso se prohíbe una posible asociación con terceros.
Preocupación
“No estamos dispuestos a defender lo indefendible, pero sí nuestros derechos”, expresó Alegra Higuera, presidenta de la Cámara de Radio Capítulo Zulia.
Bajo la premisa de dialogar y ser escuchados en la Asamblea Nacional, asegura que se desconoce no sólo el nombre de las emisoras sino las razones del anunciado cierre.
“La situación es sumamente preocupante”, dijo.
En el estado Zulia la Cámara de radio agrupa a 44 estaciones y de éstas, unas 13 -las que se encuentran afiliadas a circuitos-, serían las afectadas, según información llegada al estado.
Según Higuera, la medida afectaría 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, entre de productores nacionales independientes, locutores asociados, periodistas, empresas comercializadoras y agencias de publicidad, entre otros.
En la misma onda, Elizabeth Safar, exdirectora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se pregunta qué va a pasar con los empleados de estas estaciones y se pregunta quién se queda con la torta publicitaria.
Higuera no se opone a la democratización del espectro radioeléctrico, pero cuestiona que Conatel no ataque la operación de estaciones que se constituyen de manera ilegal. Sólo en Zulia hay más de 100 estaciones “piratas”.
Y aunque la presidenta de la Cámara de Radio capítulo Zulia reconoce que los títulos no se heredan, asegura que las leyes le dan el derecho de preferencia a los familiares de los fundadores de estaciones radiales en el país.
Néstor Borjas, presidente de Fedecámaras en esa entidad, teme que con las estaciones de radio pase como con las contratistas petroleras y con las almacenadoras portuarias.
Safar, quien cuestiona que en el año 2000 los ministros Chacón y Cabello hayan impulsado la Lotel con las transnacionales en el antiguo Congresillo, pregunta de frente ¿quién se va a quedar con las estaciones? Sin duda, la respuesta la tiene Cabello, a quien fue imposible contactar para este reportaje.
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