Por: Andrés Cañizalez
La intensidad de los discursos oficiales, en torno al tema mediático, no deja dudas: estamos en una guerra, en la cual el objetivo principal son las voces disidentes, críticas o independientes.
Como denunciamos hace algunos años, resulta sumamente peligroso que justamente el instrumento legal para regular los medios sea la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), por el carácter ambiguo y a la vez sancionatorio que ésta tiene.
También hemos venido sosteniendo que el carácter dependiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de las decisiones del Ejecutivo, le da un enorme poder al gobierno para castigar o, peor aún, para mantener una tensión permanente con el anuncio de sanciones. Eso lo vimos en los últimos días.
La connotación de guerra mediática la ratificó la ministra de Comunicación e Información, Blanca Ekhout, en una amplia entrevista que publicó el diario Últimas Noticias el pasado 10 de mayo.
A la luz de lo ocurrido en los últimos días, conviene volver sobre las palabras de la ministra, quien ha tenido un papel de bajo perfil pese a que el tema mediático ha estado en el tapete de la discusión pública, especialmente ante el caso de Globovisión.
Cabe un breve paréntesis al respecto, resulta representativo de la intención que persigue el gobierno con esta planta televisiva, que se le abra un procedimiento administrativo cuando justamente cumplió a cabalidad con lo establecido en la Constitución vigente.
Globovisión informó veraz y oportunamente. En una situación como la vivida, esa madrugada que tembló, el silencio oficial y la ausencia de informaciones sí constituían motivo para alterar el orden público. Brindar información a la ciudadanía, en un momento de temor colectivo, es una responsabilidad que el canal de noticias asumió, y desde el punto de vista de los estándares en esta materia cumplió con su rol de servicio público.
Volvamos con las declaraciones de la ministra.
Según Blanca Ekhout, estamos en Venezuela en medio de una "guerra mediática permanente". A su juicio, los medios "reaccionarios" juegan a propiciar el miedo y la desconfianza. Conviene volver sobre los discursos presidenciales, incluso en los que no estaba en juego la permanencia en Miraflores.
Es el discurso presidencial el que fomenta el miedo y el chantaje al sostener, por ejemplo, "si perdemos las elecciones aquí correrá sangre". No hay, que se conozca, acciones de Conatel que hayan tratado de poner fin a este tipo de mensajes, que a fin de cuentas sí pueden incidir en la alteración del orden público. Sigue Ekhout: "No hay ningún control sobre los medios privados". No creemos que sea justamente la ignorancia en la materia lo que lleve a la ministra a hacer una declaración de este tipo.
En los últimos años, se ha puesto en evidencia un mecanismo oficial, con varios componentes, que justamente intenta meter en cintura a los medios privados. Por un lado está el rol que juega Conatel, de la cual se desconocen acciones emprendidas ante los desmanes de los medios estatales. Un antecesor de la ministra, el hoy gobernador Willian Lara, llegó a admitir en 2007 que VTV no cumplía con la Ley de Responsabilidad Social, sin que eso tuviese consecuencia alguna. Este instrumento, como ya se preveía desde 2004, se diseñó con un rol muy específico: tener argumentos "legales" para castigar y/o amedrentar a los medios críticos, usando tales mecanismos de forma selectiva, según la circunstancia.
Como lo reconoció la ministra en la mencionada entrevista, esta ley se inserta en el Plan Nacional Simón Bolívar, que en líneas generales prevé una contraloría social, también para los medios impresos, así como un "equilibrio" entre los espacios mediáticos, sean oficiales o privados.
Si bien Ekhout no accedió a dar adelantos sobre qué pasos se seguirán dando dentro de dicho plan, es evidente que la estrategia gubernamental contempla mayores niveles de control sobre los medios, usando otra coartada: la participación social. A poco de cumplirse el segundo aniversario del cese de la señal abierta de RCTV, debe recordarse que la gran oferta oficial era que TVES sería una señal de servicio público, plural, abierta a los productores independientes y con programas de calidad.
Pues ninguno de estos aspectos ha sido cumplido, sólo sirvió tal argumentación para desviar el debate público del asunto realmente de fondo: el gobierno deseaba castigar a RCTV por su línea editorial, hacerse de una señal de alcance nacional para engrosar el aparato televisivo oficial, sin mayor preocupación por satisfacer a la audiencia venezolana.
La coartada que ahora presenta la ministra sobre la necesidad de participación social, aspecto en sí mismo deseable, también en materia de medios, es sencillamente una coartada si viene de la mano del gobierno de Hugo Chávez.
El control estatal que la ministra Ekhout niega, pero que es el objetivo de la guerra que ahora ella encabeza, no busca justamente el protagonismo social sino que tiene por finalidad la hegemonía estatal en los medios, tal como Andrés Izarra lo dijo con honestidad.
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