Por: CNP
El Colegio Nacional de Periodistas entregó en la Asamblea Nacional el jueves 16 de abril una comunicación exigiendo al parlamento que las discusiones alrededor de la legislación del periodismo “no se den de espaldas a los periodistas”
Así lo informó Roger Santodomingo, secretario general de la seccional Caracas del organismo colegiado. Recalcó que no puede continuar la restricción a los periodistas para ingresar al hemiciclo “fuente natural” de los comunicadores sociales.
Santodomingo señaló que la carta está suscrita por el gremio y las principales escuelas y centros de investigación de comunicación social de Caracas, dirigida a la presidenta de la AN diputada Cilia Flores, con copia al diputado Manuel Villalba presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del parlamento.
Agregó que, en el contexto de una democracia participativa y protagónica, donde la AN es la casa del pueblo, es inadmisible que a los periodistas no se les permitiese entrar a las instalaciones a consignar la comunicación, que finalmente fue recibida por un funcionario en las puertas del Ala Este del Palacio Legislativo, luego de casi media hora de espera.
A continuación el texto consignado
Caracas, 16 de abril de 2009
DiputadaCilia FloresPresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de VenezuelaSu despacho.‐
Para su consideración y fines consiguientes
Por la presente, los directores de las Escuelas de Comunicación Social, de pregrado y postgrado, los institutos y centros de investigación de la Comunicación Social con sede en la capital de la República, y el Colegio Nacional de Periodistas manifestamos ante usted nuestra preocupación por los anuncios reiterados y públicos que se han hecho desde esa instancia legislativa, en torno a posibles cambios legales que afectarían, de manera sustancial, el ejercicio profesional de decenas de miles de Comunicadores Sociales en Venezuela.
En fechas recientes, voceros del parlamento nacional han anunciado la intención de reformar la Ley de Ejercicio del Periodismo y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, aunque la información sobre el carácter prioritario o no de estas reformas sea contradictorio. Consideramos ineludible que en una República democrática, legislar en un área tan sensible e importante requiere tomar en cuenta a las instituciones gremiales y académicas que legítimamente representamos a los comunicadores sociales del país; a las que forman y han formado a los profesionales que trabajan en los Medios de Comunicación Social privados y públicos.
Queremos subrayar los principios en los que fundamentamos nuesto interés para participar del proceso que adelanta la Asamblea Nacional:
1. Entendemos que la Libertad de Expresión, la Libertad de Información y el acceso a las fuentes informativas son garantías consagradas en la Constitución en las cuales se fundamenta la vida en democracia.
2. Sabemos que nuestras instituciones académicas y gremiales representan legítimamente los intereses de los comunicadores sociales del país y de todos los ciudadanos que participan del debate público.
3. Reafirmamos nuestra convicción por la defensa de los valores democráticos esenciales,tolerancia, pluralidad, participación.
4. Respaldamos los contenidos de la Legislación que regula el ejercicio de la comunicación social y que cualquier cambio en los mismos, debe ser el resultado de una consulta amplia, democrática y suficientemente debatida entre los diferentes sectores que componen nuestra sociedad.
5. El Estado tiene el deber de escuchar las múltiples voces que constituyen lo público dentro de nuestra República. La construcción de cualquier proyecto socio-político debe ser el resultado de un verdadero diálogo que genere y consolide la pluralidad democrática.
Exhortamos al Gobierno Nacional para que abra espacios al diálogo constructivo y la inclusión de visiones diversas en una legítima práctica de parlamentarismo ciudadano.
Consideramos que el contexto en que se producen estos anuncios ha predispuesto a un numeroso grupo de la sociedad en contra de las reformas. No está claro que las leyes en cuestión vayan a ser revisadas con el propósito de desarrollar los derechos constitucionales de los venezolanos a la libre expresión de sus ideas y al libre acceso a la información.
En este sentido solicitamos lo siguiente:
1. Que se nos informe el contenido de los proyectos o ideas que ustedes están actualmente examinando y a la vez se tome en cuenta nuestra opinión y nuestras propias propuestas.
2. Que toda modificación de las leyes que rigen la comunicación social en Venezuela se haga dentro del espíritu constitucional de una democracia participativa y protagónica, y apunte a una mayor y mejor profesionalización de la comunicación social y a promover el más amplio y libre acceso a la información pública.
3. Que en la oportunidad de legislar sobre esta materia se aproveche para reglamentar efectivamente el uso de los medios públicos de comunicación. Esto con el fin de garantizar su equidad en beneficio de todos los venezolanos y promover su calidad como medios para la educación, recreación e información. En este sentido, es fundamental para una democracia limitar el uso discrecional de las cadenas de Radio y Televisión y de todos los recursos comunicacionales en manos del Estado, para que estos estén al servicio de los ciudadanos independientemente de su raza, religión, sexo, clase social o inclinación política.
4. Que las discusiones para la modificación de estas leyes nunca excluyan a ninguno de sus actores principales, sino que, por el contrario, incluyan con carácter protagónico y participativo a las escuelas, las empresas de medios, los profesionales y los estudiantes de comunicación social, así como a la dirección gremial legítimamente escogida en un proceso electoral abierto y transparente cuyo rol es precisamente el de regir estos asuntos y velar por el cumplimiento de las leyes vigentes.
Finalmente, insistimos en solicitar se nos conceda una audiencia pública para plantear nuestras ideas y posiciones sobre estos temas. Agradeciendo su atención, quedamos a su disposición para todas las consultas vinculadas al contenido de esta carta.
Atentamente:
William Echeverría, Presidente CNP
Roger Santodomingo, Secretario General CNP DC Caracas
Tiziana Polesel, Directora ECS de la UCAB
Marcelino Bisbal, Director del Postgrado CS UCAB
Miguel Angel Latouche, Director ECS de la UCV
Gustavo Hernández, Díaz Director del ININCO-UCV
Mercedes González, Directora ECS /U. Monteávila
Caroline de Oteyza, Directora CIC-UCAB
Magaly Ramírez, Directora ECS de la USM
DiputadaCilia FloresPresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de VenezuelaSu despacho.‐
Para su consideración y fines consiguientes
Por la presente, los directores de las Escuelas de Comunicación Social, de pregrado y postgrado, los institutos y centros de investigación de la Comunicación Social con sede en la capital de la República, y el Colegio Nacional de Periodistas manifestamos ante usted nuestra preocupación por los anuncios reiterados y públicos que se han hecho desde esa instancia legislativa, en torno a posibles cambios legales que afectarían, de manera sustancial, el ejercicio profesional de decenas de miles de Comunicadores Sociales en Venezuela.
En fechas recientes, voceros del parlamento nacional han anunciado la intención de reformar la Ley de Ejercicio del Periodismo y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, aunque la información sobre el carácter prioritario o no de estas reformas sea contradictorio. Consideramos ineludible que en una República democrática, legislar en un área tan sensible e importante requiere tomar en cuenta a las instituciones gremiales y académicas que legítimamente representamos a los comunicadores sociales del país; a las que forman y han formado a los profesionales que trabajan en los Medios de Comunicación Social privados y públicos.
Queremos subrayar los principios en los que fundamentamos nuesto interés para participar del proceso que adelanta la Asamblea Nacional:
1. Entendemos que la Libertad de Expresión, la Libertad de Información y el acceso a las fuentes informativas son garantías consagradas en la Constitución en las cuales se fundamenta la vida en democracia.
2. Sabemos que nuestras instituciones académicas y gremiales representan legítimamente los intereses de los comunicadores sociales del país y de todos los ciudadanos que participan del debate público.
3. Reafirmamos nuestra convicción por la defensa de los valores democráticos esenciales,tolerancia, pluralidad, participación.
4. Respaldamos los contenidos de la Legislación que regula el ejercicio de la comunicación social y que cualquier cambio en los mismos, debe ser el resultado de una consulta amplia, democrática y suficientemente debatida entre los diferentes sectores que componen nuestra sociedad.
5. El Estado tiene el deber de escuchar las múltiples voces que constituyen lo público dentro de nuestra República. La construcción de cualquier proyecto socio-político debe ser el resultado de un verdadero diálogo que genere y consolide la pluralidad democrática.
Exhortamos al Gobierno Nacional para que abra espacios al diálogo constructivo y la inclusión de visiones diversas en una legítima práctica de parlamentarismo ciudadano.
Consideramos que el contexto en que se producen estos anuncios ha predispuesto a un numeroso grupo de la sociedad en contra de las reformas. No está claro que las leyes en cuestión vayan a ser revisadas con el propósito de desarrollar los derechos constitucionales de los venezolanos a la libre expresión de sus ideas y al libre acceso a la información.
En este sentido solicitamos lo siguiente:
1. Que se nos informe el contenido de los proyectos o ideas que ustedes están actualmente examinando y a la vez se tome en cuenta nuestra opinión y nuestras propias propuestas.
2. Que toda modificación de las leyes que rigen la comunicación social en Venezuela se haga dentro del espíritu constitucional de una democracia participativa y protagónica, y apunte a una mayor y mejor profesionalización de la comunicación social y a promover el más amplio y libre acceso a la información pública.
3. Que en la oportunidad de legislar sobre esta materia se aproveche para reglamentar efectivamente el uso de los medios públicos de comunicación. Esto con el fin de garantizar su equidad en beneficio de todos los venezolanos y promover su calidad como medios para la educación, recreación e información. En este sentido, es fundamental para una democracia limitar el uso discrecional de las cadenas de Radio y Televisión y de todos los recursos comunicacionales en manos del Estado, para que estos estén al servicio de los ciudadanos independientemente de su raza, religión, sexo, clase social o inclinación política.
4. Que las discusiones para la modificación de estas leyes nunca excluyan a ninguno de sus actores principales, sino que, por el contrario, incluyan con carácter protagónico y participativo a las escuelas, las empresas de medios, los profesionales y los estudiantes de comunicación social, así como a la dirección gremial legítimamente escogida en un proceso electoral abierto y transparente cuyo rol es precisamente el de regir estos asuntos y velar por el cumplimiento de las leyes vigentes.
Finalmente, insistimos en solicitar se nos conceda una audiencia pública para plantear nuestras ideas y posiciones sobre estos temas. Agradeciendo su atención, quedamos a su disposición para todas las consultas vinculadas al contenido de esta carta.
Atentamente:
William Echeverría, Presidente CNP
Roger Santodomingo, Secretario General CNP DC Caracas
Tiziana Polesel, Directora ECS de la UCAB
Marcelino Bisbal, Director del Postgrado CS UCAB
Miguel Angel Latouche, Director ECS de la UCV
Gustavo Hernández, Díaz Director del ININCO-UCV
Mercedes González, Directora ECS /U. Monteávila
Caroline de Oteyza, Directora CIC-UCAB
Magaly Ramírez, Directora ECS de la USM
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